Por Tito Valenzuela
Rep. Dom. Una organización de derechos humanos pidió a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que ordene la elaboración de un expediente mediante el cual sea sometido a la justicia el exdirector de la Policía Ney Aldrin Bautista Almonte por utilizar esta institución para una falsa investigación contra un coronel y un empleado de la empresa Claro acusados de participar en un presunto sabotaje a las elecciones municipales del 2020 con cuya trama se pretendía involucrar al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader y al menos diez altos dirigentes de esa organización política.
El Bloque Dominicano para los Derechos Humanos (BDDH) explicó que la investigación policial, dirigida por el general Pablo Arturo Pujols con la participación de fiscales del Distrito Nacional, tenía el propósito de involucrar al licenciado Luis Abinader a través del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta quien se desempeñaba como seguridad del ahora presidente de la República.
"Si esa trama de la Policía-Gobierno hubiera resultado, de seguro que Abinader habría sido responsabilizado por los fiscales del presunto boicot a las elecciones municipales del 2020, sometido a la justicia y condenado antes de las elecciones presidenciales por jueces obedientes al expresidente Danilo Medina para de esa forma imponer a Gonzalo Castillo gobernante de la República", aseguró el BDDH.
La entidad de derechos humanos consideró que la sociedad dominicana espera justicia en el caso del ahora general Ramón Antonio Guzmán Peralta y el exempleado de Claro Manuel Antonio Regalado a quienes investigadores policiales dirigidos por el general Pujols elaboraban un expediente acusándolos falsamente de delitos de alta tecnología por el presunto sabotaje al voto automatizado de esos comicios con la finalidad de inabilitar judicialmente a Luis Abinader.
El BDDH afirmó que ese falso expediente ya debe ser procesado por la Procuraduría General de la República y los vídeos de las ruedas de prensa del general Bautista Almonte y de quien era su vocero, el coronel Frank Feliz Durán, oficial que inclusive, reveló en ese momento, que el coronel Guzmán Peralta y el técnico Regalado Martínez estaban siendo investigados por otros "delitos". "Este bloque reclamará a Durán que explique en un juzgado a qué delitos se refirió", dijo.
La entidad sostuvo que el exempleado de Claro debe identificar a los investigadores policiales que lo torturaron para que sean cancelados y sometidos a la justicia por violar la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes dominicanas que condenan este delito.
"Cuando el exvocero policial, el coronel Frank Feliz Durán negó en rueda de prensa que el técnico había sido torturado, al parecer no sabía que estaba protegiendo a los torturadores convirtiéndose en cómplice de éstos. En ese sentido, esperamos que los oficiales policiales y fiscales involucrados terminen en la cárcel", dijo el BDDH.
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