Por : Lcda Marilin de los Santos
LA LEY 87-01 QUE CREA EL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, FUE PROMULGADA EL 9 DE MAYO DEL 2001, ESTE PASADO 9 DEL PRESENTE MES CUMPLIÓ 19 AÑOS DE HABER ENTRADA EN VIGENCIA Y NO HA CUMPLIDO CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
EL Comité Nacional de los Derechos Humanos Sindicales y Laborales, exige Salud y Pensiones DIGNAS y GARANTIZADAS Y SE OPONE al negocio se quiere implementar en Las ARS y Las AFP a costa de los trabajadores .
La Lcda. Marilin de los Santos quien es Presidente de la entidad,
sostuvo que la República Dominicana debe pasar ‘’De un Modelo
de Seguridad Social Excluyente y al Margen de las Necesidades de la Clase Trabajadora, a un Modelo Inclusivo que Potencie el Desarrollo Humano y Sostenible”.
En la República Dominicana, después de más de 10 años de búsqueda de consenso, y 70 años después de haber logrado las primeras normas orientadas, a una mayor protección Social,
Desde el comienzo la ley de Seguridad Social ha sido entorpecida por aquellos grupos económicos que no permiten que se apliquen los limitados derechos que la misma le confiere a la
población. ¨"Ejemplo de ello", lo constituye la reducción de los beneficios y cobertura del Seguro Familiar de Salud. disminuyendo derechos en un aspecto tan sensible como lo es el acceso y la protección de la salud.
Durante los años de aprobación de la Seguridad Social y los 12 años de inicio del Seguro Familiar de Salud se ha hecho más que evidente ante la Sociedad Dominicana las incongruencias del sistema y la necesidad de cambiar el modelo existente. .
En lo relativo al régimen de pensiones de la República Dominicana, en su característica de modelo de capitalización individual, ha quedado demostrado que el mismo no puede cubrir las necesidades básicas de los trabajadores/as pensionados y su familia. En efecto, los estudios actuariales realizados revelan que con el régimen de capitalización individual no se garantiza con certidumbre los beneficios y protección social suficiente para que los afiliados al momento de su retiro disfruten de una pensión digna.
Esta situación se puede constatar al proyectar los cálculos de las pensiones, donde encontramos que el monto a recibir por parte de los trabajadores/as por concepto de pensión, después de aportar al sistema por alrededor de 30 años, no superará el 22 % del salario devengado al momento de ser pensionado, una de las quejas principales que tenemos por los cotizantes, tiene que ver con los fondos de más de 1,725 millones, que se encuentran en manos de las administradoras de fondo de pensiones AFP que pertenecen estas
El Comité Nacional de Los Derechos Humanos Laborables y Sindicales se opone por completo a que los derechos de los trabajadores sean VIOLADOS Y ABUSADOS.
Estamos conscientes de la crisis económica que está atravesando el país en medio de esta PANDEMIA del COVID-19 pero nuestro deber es proteger los derechos de los trabajadores y evitar que sus AFP y sus ARS se vean afectadas.
Estamos conscientes de la crisis económica que está atravesando el país en medio de esta PANDEMIA del COVID-19 pero nuestro deber es proteger los derechos de los trabajadores y evitar que sus AFP y sus ARS se vean afectadas.
Por otra parte del Ministerio de Salud Pública con el Plan Decenal de Salud, la precaria inversión presupuestaria en salud por parte del gobierno central;Los nuevos desafíos ante la situación de crisis que vive el país y repercute de manera directa en los trabajadores, trabajadoras y sus familiares debido a la pandemia del COVID-19, que afecta directamente al área económica y productiva del país incluyen revisar las políticas de protección social para el importante número de personas que se prevé no tendrán oportunidad en la industria emergente y que posiblemente tampoco puedan ser reorientadas y conseguir reinserción laboral para su sustento y el de su familia, lo que podría incrementar el número de excluidos,, el incumplimiento de programas correspondientes a la salud colectiva y el poco avance en el desarrollo de los centros del primer nivel de atención, por concentrar la inversión en grandes plazas de salud en las principales ciudades del país, las que hoy están totalmente congestionadas, porque en los hechos miles de personas no tienen acceso en sus lugares de residencia a los centros de atención primaria.
Actualmente se estima que faltan alrededor de unos 4 mil centros de atención primaria para pasar a la implementación del primer nivel de atención, como puerta de entrada.
Cabe igualmente señalar, que debieron transcurrir cerca de 13 años después de la aprobación de la ley para que se cumpliera con la separación de funciones, es decir la separación de la rectoría con la prestación de servicios en el caso del sector público.
Actualmente se estima que faltan alrededor de unos 4 mil centros de atención primaria para pasar a la implementación del primer nivel de atención, como puerta de entrada.
Cabe igualmente señalar, que debieron transcurrir cerca de 13 años después de la aprobación de la ley para que se cumpliera con la separación de funciones, es decir la separación de la rectoría con la prestación de servicios en el caso del sector público.
La situación descrita, ha derivado en una baja de la calidad de la atención pública. En efecto solo un 22% de los hospitales público cuentan con habilitación para poder cobrar a las ARS por los servicios ofrecidos a las personas aseguradas, teniendo además serios problemas gerenciales, de calidez del servicio, de los insumos necesarios y deterioro de los equipos, así como insuficiencia de personal y una gerencia designada fundamentalmente por favores político y en algunos casos sin competencia profesional para desarrollar las labores propias de sus funciones.
Al sector laboral también le preocupa que exista una oferta de servicios y medicamentos cerrada, no coherente con las indicaciones de medicamentos y servicios que la población demanda.
Se requiere de una política de inversión en salud que responda a las necesidades y demandas de la población con una fuerte inversión en promoción de la salud y prevención de las enfermedades, principalmente las crónicas no trasmisibles y las enfermedades virales trasmitidas por vectores, a través de un sólido programa de salud colectiva a cargo del Ministerio de Salud Pública y programas preventivos, coherente con el perfil
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